El 28 de diciembre se cumple diez
años de la aprobación por el Pleno del Congreso de los Diputados de la Ley
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
la Violencia de Género. La popularmente conocida como Ley Integral ha supuesto
un revulsivo respecto a la violencia de género en todos sus aspectos y se ha
consolidado como modelo internacional. De hecho, el pasado 15 de octubre,
España recibió en Ginebra una de las menciones de honor del Premio de
Políticas de Futuro (Future Policy Award 2014) que las instituciones ONU
Mujeres, World Future Council y la Unión Interparlamentaria conceden a las
mejores leyes y políticas del mundo que persigan poner fin a la violencia
ejercida contra las mujeres y las niñas.
Las tres instituciones han
considerado que la legislación española, en concreto la Ley Orgánica de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es una de las
más importantes y eficaces normas para combatir y erradicar la violencia
sexista en todo el mundo. Una violencia que califican como una de las formas
más generalizadas de abuso contra los derechos humanos.
Los diez años de andadura de la
Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
han servido para desmontar totalmente algún prejuicio de los detractores de
esta lucha, como eran las llamadas “denuncias falsas”. La última Memoria de la
Fiscalía General del Estado despeja cualquier duda al respecto afirmando que “el
escaso porcentaje de causas incoadas cada año por
delito de acusación o denuncia
falsa supone un 0,018%, suficientemente elocuente para rebatir las voces que se
alzan en torno a la prevalencia de las “denuncias falsas” en materia de
violencia sobre la mujer”. Y el balance de la aplicación de las medidas ya desarrolladas
de esta Ley Integral demuestra la necesidad de mantener un amplio consenso
social y político, y de culminar su desarrollo.
Sin embargo, a pesar de la
utilidad y del reconocimiento internacional recibido por la Ley Integral, las
mujeres continúan sufriendo violencia de género y el número de asesinatos,
lejos de disminuir, aumenta. Solo durante el mes de agosto, ocho mujeres fueron
asesinadas por sus parejas o ex parejas, la cifra más elevada de los últimos
cuatro años.
Frente a esta realidad, lo que es
un hecho objetivo, muy a nuestro pesar, es que la ley Integral está amenazada
por los continuos recortes presupuestarios en materia de igualdad en general
(33% en esta legislatura) y de violencia de género en particular (22% desde la
llegada al Gobierno del PP). Una ley amenazada también por las sucesivas
reformas legislativas que atentan contra su espíritu y buena parte de su
articulado como la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, denominada popularmente como Ley Wert, o la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración
Local. Se están atacando los cimientos ideológicos, legales y simbólicos y
está desapareciendo el principio de igualdad del discurso político y la
violencia de género.
Por todas estas razones, se hace
necesario redoblar los esfuerzos contra la violencia de género, volver a
colocarla como prioridad política y exigir que se restituya el sistema de
protección para las mujeres víctimas y todos los recursos y medidas que se
han ido desmantelando en los últimos años.
Ceuta, con la rueda de hombres,
dio un ejemplo claro de unidad ante esta lacra que no cesa, por eso esta
Asamblea, consecuente con esa necesidad de unidad, tiene que ser consciente de
la necesidad de seguir aunando esfuerzos para luchar contra la Violencia de
Género y hacérselo ver al Gobierno Central.
Por eso, a la vista de los
argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente acuerdo:
- Hacer una declaración
institucional de la Asamblea para manifestar un sentido y doloroso recuerdo a
la memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia de género y expresar
sus condolencias a sus familias y amistades. Así mismo, manifiesta su repulsa
a todas las manifestaciones de dicha violencia, redobla su compromiso con las
víctimas y declara la tolerancia cero con los maltratadores. Donde se asume el
compromiso a la no reducción de recursos, servicios, ni presupuestos para
combatir la Violencia de Género así como a impulsar la sensibilización sobre
la violencia de género, la detección y apoyo a las víctimas y sus hijos e
hijas menores. Debiendo ser una prioridad de todos y todas el impulso de la
aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género en coordinación con todos los poderes públicos.
- Instar al Gobierno de la
Nación a que:
- Adopte todas las medidas que
permitan la aplicación efectiva y el desarrollo de la Ley Orgánica 1/2004, de
28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género.
- Reponga los fondos
presupuestarios recortados
·
- Desarrolle el sistema de seguimiento integral
de los casos de violencia de género.
·
- Impulse la implantación de los medios
telemáticos y evalúe esa implantación en colaboración con el Consejo
General del Poder Judicial.
·
- Revise y evalúe los protocolos de
coordinación actuales para aumentar su eficiencia y garantizar su aplicación
en todo el territorio.
·
- Impulse, junto con las Comunidades y Ciudades
Autónomas, la finalización de la implantación de las unidades de valoración
integral de violencia de género en todo el territorio.
·
- Avance en una mayor formación y
especialización de todos los profesionales que intervienen frente a esta
violencia, y garantice que cualquier modificación que se lleve a cabo en las estructuras
desarrolladas para perseguir esta violencia no pierda la especialización.
·
- Garantice el cumplimiento del Convenio del
Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer
y la violencia doméstica, conocido como el Convenio de Estambul.
·
- Realice las reformas en el Código Penal, en
la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Civil, en la Ley de
Enjuiciamiento Civil y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, con objetivo
de hacer más efectiva la protección y la tutela penal de la seguridad de los
hijos e hijas menores que padecen la violencia de género en su núcleo
familiar, aseguren el pronunciamiento expreso del Juez respecto de la necesidad
de adoptar medidas específicas sobre el régimen de custodia, visitas, cuidado
y educación de los hijos e hijas, procurando su mayor seguridad y atención,
así como las medidas provisionales concretas, incluyendo otras medidas de
asistencia y protección social integral.
·
- Remita este acuerdo a la Comisión de
Igualdad de las Cortes Generales
- Instar al Gobierno de la Ciudad
las siguientes medidas específicas para nuestra Ciudad:
·
- Agilizar el Protocolo de Coordinación
aprobado por esta Asamblea. En dicho protocolo se tendrá que tener especial
consideración, mediante medidas especiales, con las mujeres marroquíes que
residen en nuestra ciudad. El protocolo deberá pasar por la Asamblea para su
aprobación inicial.
·
- Agilizar los transmites burocráticos de las
mujeres víctimas de violencia de género, para que puedan regularizar su
situación y acceder a los recursos.
·
- Seguir llevando a cabo campañas de
sensibilización e información de la Violencia de Género.
·
- Poner en marcha el cuerpo de la Policía
Local especifico de Violencia de Género.
·
- Dar viabilidad a que las mujeres de la casa
de acogida puedan dejar sus hijos e hijas en las ludotecas de la ciudad
mientras están haciendo gestiones, o sea vitalmente necesario.
·
- Iniciar los trámites para abrir la
ventanilla/expediente único de mujeres víctimas de violencia de género.
·
- Facilitar la emancipación de las mujeres
víctimas de violencia de género.
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