Desde el Grupo
Parlamentario Socialista, y siguiendo con nuestra campaña de sensibilización
sobre la importancia de actuar en la prevención de la violencia de género y en
la realización de de terminadas medidas que inciden en el fomento de la
protección de las mujeres que se encuentran en estos momentos en una situación
de vulnerabilidad y peligrosidad, vemos necesario modificar algunas cuestiones
que se están produciendo en nuestra ciudad y que no son del todo seguras.
Esta Asamblea sabe que por
nuestra situación geográfica son muchas las mujeres marroquíes, víctimas de
violencia de género, que son atendidas en nuestra ciudad y que se encuentran
gravemente en peligro. Muchas de ellas son acogidas en la Casa de Acogida o el
Centro de Emergencia con el objeto de prestarles ayuda psicológica, social y
jurídica. El problema viene cuando tienen que solicitar, tal como marca la Ley,
el permiso de residencia y así poder acceder a todos los recursos y ayudas que
como mujer víctima de violencia de género tiene derecho a obtener. En este
apartado la legislación es clara: tendrá derecho al permiso de residencia en el
mismo momento que se le detecta la condición de víctima. En cambio en Ceuta no
sucede eso, la lentitud en la tramitación de los papeles es una de las
principales trabas con las que se encuentran las mujeres victimas de violencia
de género, sobre todo las que están dentro del programa de la Casa de Acogida,
pero no son las únicas. La administración debe favorecer y potenciar la
independencia y el empoderamiento de las mujeres que sufren maltrato y mientras
no tengan la residencia no pueden trabajar o acceder a la RAI, es decir, no
tienen posibilidad de optar a una vida independiente. Estamos hablando del
hecho de que una mujer tiene que esperar una media de hasta 5 a 6 meses para
tener todos los papeles en regla.
A esta realidad tenemos
que añadir la peligrosidad que supone el hecho de que sea la mujer quien, para
regularizar su situación, tenga que ir a su país de origen a por una serie de
papeles, la solicitud de los Antecedentes Penales es uno de ellos. Tenemos que
tener en cuenta que son mujeres víctimas de violencia de género, que sus
agresores muchas veces están sueltos y que en Marruecos no existe protección.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos conocimiento que eso no pasa
con otros países de orígen ni con otras Administraciones, en otros territorios
lo que se hace es una colaboración Interministerial. Además, esta
regularización exige el cobro de unas tasas, así como de la correcta
traducción, y no todas las mujeres tienen recursos económicos para pagarlas.
Por último, y en la línea
de favorecer la independencia de estas mujeres, se necesita una mayor formación
del personal de la administración local y estatal encargada de atender a estas
mujeres para que no pongan limitacionesy frenen cuestiones que ya están aprobadas
en algunos reglamentos de la Ciudad, como es el caso del reglamento de ayuda
para el alquiler donde establece que las mujeres víctima de violencia de género
no tienen que tener como condición los dos años de empadronamiento. A su vez,
se hace necesario revisar todos los programas, las prestaciones y los
reglamentos para incorporar la excepcionalidad, igual que se incluye en el
Reglamento de ayuda para el alquiler, del establecimiento de dos años de
empadronamiento para las mujeres víctimas de violencia de género, también en
los Planes de Empleo.
En está línea, las mujeres
víctimas de violencia de género deberán tener prioridad a la hora de acceder a
una ayuda de alquiler, sobre todo teniendo en cuenta que la Ciudad no otorga
ninguna ayuda económica, tal como marca la Ley, y que una de las condiciones
para que las mujeres salgan del ciclo de la violencia es su independencia
económica, más si cabe las mujeres que habiendo pasado por la Casa de Acogida y
Pisos Tutelados, luego se ven desamparadas.
A la vista de los
argumentos expuestos, proponemos al Pleno de la Asamblea, la adopción del
siguiente acuerdo:
▪ Instar al Gobierno de la
Ciudad a que, dentro de sus competencias en materia de mujer, inste al Gobierno
Central y a la Administraciones competentes a reducir el tiempo de espera en la
concepción del certificado de residencia para las mujeres inmigrantes víctimas
de violencia de género.
▪ Instar al Gobierno de la
Ciudad a buscar fórmulas Interministeriales para tramitar los papeles que se
necesitan a la hora de conceder la residencia a las mujeres marroquíes víctimas
de violencia de género y no haciendo a la víctima acudir al país de origen.
▪ Instar al Gobierno de la
Ciudad a la formación específica en violencia de género al personal de la
administración local con el fin de evitar la revictimización o la denegación de
solicitudes o permisos que sí se pueden conceder.
▪ Instar al Gobierno de la
Ciudad a la revisión de todos los reglamentos, planes y programas para incluir
la excepcionalidad de excluir la obligatoriedad de tener dos años de
empadronamiento en nuestra ciudad a las mujeres víctima de violencia de género
y así poder acceder a las mismas. Se tendrá prioridad y se intentará reforzar
la concesión de las ayudas para el alquiler, al menos, a las mujeres víctimas
de violencia de género que hayan pasado por el piso tutelado.
▪ Instar al Gobierno de la
Ciudad a gestionar la posibilidad de que las mujeres víctimas de violencia de
género queden exentas del pago de las tasas a las que tienen que hacer frente a
la hora de regularizar su situación.
